“México Coyuntural: ¿y eso es todo?”

Por Aldo González Melo

Después de alzarse victorioso en su guerra fugaz en contra de la cultura mexica, Hernán Cortés ordenó se comenzará lo antes posible con la construcción de una nueva ciudad, una ciudad bajo el estilo y la tradición europea. Pronto, Cortés se vio en “la necesidad” de destruir por completo los diques y acueductos que proveían en tiempos no muy lejanos a ese momento a la antigua Tenochtitlan: se destruyó el famoso Albarradón de Nezahualcóyotl. Siglos después, se comprendería el error de construir una ciudad bajo una superficie esencialmente cubierta por mantos acuíferos y un suelo inestable, la Ciudad de México ha padecido de inundaciones desde aquel lejano siglo XVI hasta hace algunos meses con las inundaciones en Chalco.

¿A qué viene el anterior relato que nos proporciona la investigación ecológica de National Geographic? Pienso que describe muy bien cuál ha sido la tendencia en cuanto a la toma de decisiones públicas que ha seguido México desde sus insípidos orígenes (desde Cortés), es decir, la regla en nuestro país ha sido la de poner en marcha proyectos intempestivamente sin antes reflexionar sobre las consecuencias y la viabilidad de dichos proyectos. Parece ser que no es un valor fomentado dentro de la estructura social mexicana el hacer un análisis mínimo de resolución de problemas, cuando éstos aparecen se toman decisiones para “cubrirlos” o para “erradicarlos” de manera directa sin formular la importantísima pregunta de cuál es su origen (o cuáles son sus orígenes).

Si se llega al poder (ejecutivo) y lo que se encuentra es un país infiltrado hasta los dientes por el crimen organizado, ¿por qué no desatar una guerra frontal contra el narco sin hacer un brevísimo análisis de los efectos secundarios que pueden generarse en términos de generación de la violencia? Sin mencionar los altísimo costos sociales y políticos de hacerlo. Algunas universidades norteamericanas ha prohibido expresamente a sus alumnos el intercambio estudiantil con México en tanto se mantenga el estado de warning por la violencia en nuestro territorio. Otro ejemplo, si se está siendo notoriamente ineficiente en la recaudación de impuestos, ¿por qué no importar impuestos recaudatorios o diseñar impuestos recaudatorios que terminan no cumpliendo con su objetivo y sí violando garantías (y con ellas, los derechos que protegen) constitucionales; en vez de hacer eficiente al aparato recaudador o atender la irracional asignación de recursos de empresas paraestatales y sindicatos? Si la educación pública es mala, ¿por qué no aumentar su presupuesto, pero sin canalizarlo hacia la reforma en la enseñanza, la capacitación, la infraestructura y la rendición de cuentas; destinándolo a los intereses de un sindicato sin transparencia y en su mayoría para pagar salarios de una incapaz burocracia magisterial. ¿Por qué cuando se toman buenas decisiones, como la reforma en materia de alimentación en escuelas públicas, no vienen acompañadas de la política pública de infraestructura y así llevarla a buen término? Porque son decisiones coyunturales, que ceden ante presión internacional y que se toman apresuradamente, decisiones que se han venido tomado de esa manera por décadas, siglos.

Como estos ejemplos hay demasiados en el devenir mexicano, sin embargo, de lo que es no puede –en términos de R. Vázquez- colapsarse con lo que debe ser. El hecho de que el conformismo, la coyuntura, la ineficiencia y la corrupción sean cosa de todos los días no las legitima. Aprovechando que vivimos en un tiempo en el que el conocimiento científico y la crítica analítica poseen el prestigio en materia de conocimiento, me parece de lo más interesante dotar antiguas nociones de contenido conceptual, nociones como la prudencia, como la virtud y de no ser posible, pues entonces creemos nuevas nociones que nos permitan equilibrar eficacia con exigencias materiales, pero hagámoslo. Estoy convencido de que el cambio comienza con la autoconciencia y ésta se desarrolla sólo cuando hay acceso a la cultura y a la educación, acceso que se garantiza no sólo por la vía estatal sino también por –y más profundamente- la vía privada.

Entonces, si a México le falta eficiencia, le falta análisis crítico y le falta educación, condicionantes enormes para el correcto funcionamiento de cualquier institución en una sociedad, aboquémonos a la mejora de la educación, pero no sólo con el desgastado discurso de la reforma educativa, empieza contigo, empieza ampliando tu discurso racional, empieza transmitiendo todo aquello que criticas y que te es inconforme hacia quienes no han reflexionado al respecto, comienza tú. Y es que no estamos determinados, las cosas pueden hacerse y hacerse bien: el Albarradón de Nezahualcóyotl no era una arcaica construcción de un pueblo atrasado, era una compleja red de diques y acueductos que filtraban el valle de México y dotaban a Tenochtitlán de un equilibrio pluvial y estructural.

Concluiré con algunas reflexiones de Robert Kennedy sobre la violencia y que considero vigentes dado el estado actual de cosas en México: con ellas busco no la retórica sino una vez más, reflexión:

“Why? What has violence ever accomplished? What has it ever created? No martyr's cause has ever been stilled by an assassin's bullet.

Whenever any […] life is taken by another […] unnecessarily - whether it is done in the name of the law or in the defiance of the law, by one man or a gang, in cold blood or in passion, in an attack of violence or in response to violence - whenever we tear at the fabric of the life which another man has painfully and clumsily woven for himself and his children, the whole nation is degraded. 

"Among free men," said Abraham Lincoln, "there can be no successful appeal from the ballot to the bullet; and those who take such appeal are sure to lose their cause and pay the costs."

Una breve reflexión: ¿para qué estudiar “Derecho”?

Por Miguel Núñez

Se me asignó la difícil tarea de escribir un ensayo para esta red social de abogados. Digo difícil no por el aprieto mismo de redactar unas cuantas líneas coherentes para una comunidad exigente, sino por la relevancia y consecuencias que esta forma de expresión puede tener en la propia comunidad.

Haciendo a un lado estas preocupaciones, las primeras preguntas que me vinieron a la mente fueron: ¿cuál es un buen tema? ¿Qué metodología de redacción debo utilizar? ¿Debería ser una contribución meramente jurídica o relacionada con otros ámbitos del conocimiento? ¿Específica o general? ¿Dirigida a los interesados en una rama del Derecho o a un público mucho más extenso? Así las cosas, en vez de un ensayo técnico y netamente jurídico, que se podría considerar tedioso, me decanté por redactar un breve escrito de opinión que abarcara un cuestionamiento que, a mi parecer, sigue siendo un punto debatido por alumnos o exalumnos de esta profesión: ¿por qué estudiar “Derecho”?[1]

Las respuestas son muy variadas, pues devienen del fuero interno de cada individuo. Cada persona tiene o tuvo sus razones para estudiar eso que denominamos “Derecho”. Así, podrá haber tantas explicaciones como seres humanos. Por ejemplo, unos dirán que lo hicieron, hacen o harían por tradición familiar, otros por visiones de vida; algunos lo consideraron o consideran como un medio, otros como un fin en sí mismo; algunos otros dirán que su perfil concordaba o concuerda con las características comunes de un abogado promedio, mientras que otros la escogieron o escogerán por exclusión de profesiones, y un largo etcétera. Todos estos motivos son válidos y deben ser respetados; sin embargo, lo importante es darnos cuenta de la trascendencia e impacto que tiene esta profesión en la vida cotidiana de la sociedad.

Al que estudia “Derecho” se le refiere comúnmente como abogado, palabra que proviene del latín advocatus, el que habla por otros o, mejor dicho, el que con conocimientos de la materia se encarga de auxiliar a otra persona. Si bien, en estricto sentido, esta definición es correcta, nuestra profesión abarca mucho más que eso. Un abogado es un detonador social, una persona que con sus conocimientos, teóricos o prácticos, puede influir abierta y deliberadamente en la transformación de la sociedad. Sus opiniones y actuaciones cuentan y son valoradas.

El “Derecho” es una construcción humana que mediante diversos tipos de normas regula las relaciones públicas y privadas. Un abogado es una persona que entiende esta relación y que está en una invaluable posición para detonar un cambio que propicie un beneficio social. Aconsejar a un cliente para resolver una disputa matrimonial, realizar una investigación de las costumbres indígenas y escribir un ensayo al respecto, defender a una persona que es probable responsable de la comisión de un delito, ser árbitro en un procedimiento de arbitraje, buscar como activista la reelección de los representantes populares, atender como juzgador las peticiones de las partes y solucionar la disputa, otorgar una concesión, son algunos ejemplos de las muchas formas en que un abogado puede intervenir en las relaciones sociales.

El beneficio social dependerá de la regularidad de su actuación. Como mínimo, esta profesión exige una conducta ética y responsable. El hacer lo que nos corresponde o lo que se espera de nosotros por lo regular tendrá efectos positivos. No hay máximos. El conocer el Derecho nos da ventajas comparativas para mediar en las relaciones entre los individuos y entre los individuos y el Estado.

En suma, a pesar de los diferentes motivos que nos pueden llevar o nos llevaron a ser parte de esta profesión, creo que la pregunta pertinente no debe ser ¿por qué estudiar “Derecho”?, sino ¿para qué estudiar Derecho? La respuesta para mí es simple: quiero ser un factor de cambio social. ¿Ustedes qué opinan?

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[1] Prefiero referirme al “Derecho” y no a la Licenciatura en Derecho, por la amplitud del concepto.

El desarrollo del arbitraje en México

Por Héctor Flores Sentíes

El arbitraje es un método alternativo de solución de controversias cuyo fundamento es un pacto privado (contrato) denominado acuerdo arbitral. Su objeto consiste en la renuncia expresa a someter las controversias que surgen de una determinada relación jurídica, para someterlas a la decisión final y vinculante (laudo), dictada por un tercero independiente de las partes (árbitro), cuyas facultades jurisdiccionales están fundamentadas y limitadas precisamente en virtud del acuerdo arbitral.

Así definido, el arbitraje tiene ventajas y desventajas. La rapidez, costos en general, la flexibilidad y la confidencialidad, se consideran generalmente como buenas razones para resolver las disputas por la vía arbitral; sin embargo, deben considerarse también sus inconvenientes: en ocasiones es lento y bastante costoso, además de no estar exento, tarde o temprano, de la intervención judicial. No obstante el debate en cuanto a su conveniencia, la eficiencia del arbitraje en el mundo del derecho es incuestionable. Las estadísticas mundiales muestran que el 90% de los laudos ejecutables se cumplen voluntariamente, de acuerdo con reportes de la Cámara de Comercio Internacional. Adicionalmente, por sus características, para efectos del tipo de disputas jurídicas que involucran (i) controversias mercantiles, (ii) relaciones jurídicas complejas y (iii) una connotación internacional, el arbitraje ha superado en términos de uso y conveniencia al litigio tradicional. Vayamos un paso más allá: hoy el arbitraje es el método primario de solución de controversias mercantiles internacionales.

Lo anterior es fruto de un largo camino. El arbitraje tiene una historia más longeva que la del litigio tradicional, y ha sido utilizado en todo tipo de organizaciones humanas: comunidades rurales, mercantiles o territoriales, pero sería principalmente hasta mediados del siglo pasado que, como consecuencia del exponencial desarrollo de las relaciones económicas, el destino del arbitraje experimentó un crecimiento prodigioso. Al enfrentar un desarrollo acelerado en tiempos modernos, el arbitraje se ha visto enfrentado a dos necesidades y retos: (i) tener que afirmar su legitimidad frente al mundo judicial y el poder público (que por sí mismos resultaban ya poco favorables a la expansión de un sistema de justicia privatista); y (ii) contar con un marco legal que fuese estable en cuanto a sus fundamentos, pero sin tener que sacrificar la flexibilidad y la eficacia que aseguraran la satisfacción de su vocación esencial. Es así como se explica que en este periodo de “lucha por la supervivencia” de un fenómeno jurídico tan complejo y susceptible de reflexiones diversas y apasionantes, la búsqueda de grandes pensadores haya consistido en desarrollar la idea de que el arbitraje representaba un medio esencial para el noble objetivo de conseguir la paz a través del derecho en un mundo complejo y dividido.

¿Dónde estamos hoy? Podría decirse que la etapa de supervivencia ha sido superada, pero lejos de estar en condiciones de superar problemas básicos del arbitraje, la realidad es que su acelerado desarrollo ha puesto de relieve las diferencias entre las caracterizaciones y concepciones realizadas respecto a su naturaleza jurídica. Sentencias y afirmaciones de los juristas en México han mostrado que la gravedad y trascendencia de estas disparidades no se limitan a una discusión académica apasionante, sino que trascienden el mundo teórico para insertarse en lo más profundo de la práctica de solución de controversias.

Postulo que el destino de los conflictos que surjan con relación al arbitraje depende de la madurez de la cultura arbitral en un lugar determinado. El incorrecto entendimiento de la naturaleza del arbitraje puede ocasionar soluciones incorrectas y con consecuencias perjudiciales no sólo para las personas que usan el arbitraje, sino para el estado de derecho en general. Hoy el arbitraje sigue teniendo detractores que lo tildan de complicado y sumamente costoso; lamentablemente en México aún no hemos llegado a percibir con plenitud las mieles que el uso efectivo de este mecanismo puede crear para el mundo de la contratación privada y desarrollo económico de los países en general.

Los numerosos reproches que pudieran formularse tienen un origen común: falta conocimiento del derecho arbitral por parte de todos los actores en el derecho: privados y públicos. Si el arbitraje sigue siendo desechado y menospreciado por complicar aún más las aventuras litigiosas a las que uno debe someterse en este país, es momento de dar un paso adelante, denunciar la falta de conocimiento y multiplicar los deseos de promoción de un mecanismo que ha demostrado ser útil para muchas personas en el mundo internacional. Que México no se quede atrás en el desarrollo de una institución tan compleja, tan apasionante y tan potencialmente benéfica.

Efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad emitida en una acción de inconstitucionalidad en la materia penal

Por Alberto Cepeda Orvañanos

El penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal establece por regla general que los efectos de las declaratorias de inconstitucionalidad emitidas en el contexto de las controversias y acciones de inconstitucionalidad no tendrán efectos “retroactivos”. Sin embargo, esta misma disposición establece que esta regla general tiene una excepción en la material penal, en la que señala “regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia”.

Como se observa de lo establecido en esta norma constitucional, los efectos de las declaratorias de inconstitucionalidad en estos juicios sólo se producirán, por regla general, en un momento futuro, esto es, en un momento a partir o posterior a su impugnación: se trata de declaratorias prospectivas o pro futuro. La excepción a esta regla se encuentra en la materia penal, en la que estas declaratorias pueden ser retroactivas, esto es, resoluciones que producen sus efectos no sólo prospectivamente, sino también hacia el pasado. Es decir, declaratorias que retrotraen sus efectos de anulación antes de la impugnación de las normas secundarias y hasta el momento de su emisión.

En esta categoría de casos penales, una interrogante salta a la vista y consiste en determinar el grado de retroactividad que permite la Constitución producir a las declaratorias de inconstitucionalidad, es decir, ¿hasta dónde en el pasado deben retrotraerse los efectos anulatorios de un declaratoria de inconstitucionalidad?

El tema de la retroactividad de los efectos de las resoluciones en este tipo de juicios es un tema sensible en la justicia constitucional mexicana por una razón: los efectos de las declaratorias de inconstitucionalidad ahí realizadas tienen efectos erga omnes. Por lo tanto, dada la infinidad de actuaciones jurídicas que se habrían fundamentado en las normas declaradas inconstitucionales, es claro que la retroactividad de su inconstitucionalidad puede convertirse en un dispositivo peligroso para la estabilidad del sistema jurídico en su conjunto.

Si se aplican normas jurídicas a hecho pasados (se parte aquí de la premisa de que una declaratoria de inconstitucionalidad es una norma jurídica que deja sin efectos otra norma por considerarla irregular), es evidente que los sujetos de esas normas están impedidos de adecuar su conducta a los supuestos normativos de dichas reglas y, por tanto, el sistema jurídico en su conjunto compromete su capacidad para regular el ámbito social. Esta intuición válida para afirmar que en general toda es retroactividad es en principio indeseable vale para este caso, en el cual tratamos con una retroactividad que deja sin efectos la producción jurídica de normas generales encontradas inconstitucionales. Por tanto, parece evidente que la razón que justifica que no exista esta retroactividad en las resoluciones ergas omes es una razón prudencial que aboga, formalmente, en favor de la estabilidad del sistema jurídico, lograda si se asegura cierta eficacia jurídica a las producciones normativas de los órganos del Estado.

Sin embargo, no debe pasarse por alto que una declaratoria de inconstitucionalidad es en realidad una norma que indica que otra norma nunca debió ser y ésta norma (la resolución) es la que se aplica retroactivamente a los inculpados. Si, por ejemplo, se deja sin efectos una norma que establece un tipo penal inconstitucional, los procesos llevados en su nombre, así como sus consecuencias jurídicas carecen de un fundamento legítimo que los respalde. La única razón de que estas actuaciones sigan teniendo validez en el sistema jurídico, aunque su fundamento resulte inconstitucional, es que la Constitución prohíbe la retroactividad de las declaratorias de inconstitucionaidad por regla general. No obstante, esta prohibición no existe en la materia penal y, por el contrario, ésta se permite conforme a los principio de la materia.

Dichos principios sustantivos llevaron al Constituyente a establecer que en esta materia los efectos de las declaratorias de inconstitucionalidad produjeran sus efectos hacia el pasado, esto es, antes de su impugnación y corregir en el tiempo, así, todas las consecuencias lesivas cometidas inconstitucionalmente por el brazo punitivo del Estado.

Lo anterior evidencia la existencia de razones que exigen que los efectos de dichas declaratorias de inconstitucionalidad, aunque erga omnes, deban ser retroactivos totalmente, sobre la base de la posibilidad de que dichos efectos se expandan hacia el pasado, antes de la emisión de las declaratorias y hasta la emisión de las normas impugnadas, permite reivindicar los contenidos constitucionales vulnerados por las normas impugnadas, si al dejar sin efectos las consecuencias jurídicas producidas por éstas. Si se dejan sin efecto todo aquello actuado sobre la base de normas violatorias de contenidos constitucionales, se expande la protección de tales contenidos en un grado mayor en comparación a aquellas declaratorias en las que sólo se deja sin efectos las normas inconstitucionales para el futuro.

Por lo tanto, en materia penal, la excepción a este amplio alcance retroactivo sólo podría limitarse y, por tanto, salvar la validez de determinadas actuaciones derivadas de las normas inconstitucionales, si algún derecho o principio constitucional así lo exige. Sin embargo, en estos casos, debe ser una ponderación cuidadosa la que indiqué hasta dónde debe limitarse esta retroactividad.

NOS TOCA A NOSOTROS

Por Héctor J. Murguía H.

Felicito a todos quienes de una manera u otra han contribuido a que este proyecto crezca, es un proyecto hecho por alumnos y ex-alumnos de derecho para alumnos, ex-alumnos y todo aquel quien es capaz de creer en sí mismo.

Los invito a que sigan aportando para que este espacio crezca y se enriquezca. Que de aquí nazcan las ideas impulsoras de la gran transformación que se está gestando en México. Somos jóvenes estudiantes. Somos jóvenes líderes de la generación a la que le toca transformar México en un país ganador. Una generación que decidió decirle NO a los sindicatos, NO a la corrupción, NO a los monopolios económicos y políticos, NO a la discriminación y abusos de derechos humanos, NO a la opacidad del ejercicio de los servidores públicos, NO a la impunidad, NO a la apatía. Somos una generación que busca demostrar a México que el que "transa, NO avanza"; que sabe que lo que no hagamos por nosotros mismos como país, nada ni nadie lo vendrá a hacer por nosotros. Predicamos con el ejemplo y movilizamos con ideas. Nada nos detendrá. Llegó el momento de comprometernos. Llegó el momento de decirles a los políticos, a los jueces, y a los líderes de nuestras instituciones que no nos conformaremos más que con lo mejor. Llegó el momento de que México ocupe los primeros lugares mundiales en desarrollo, en bienestar, en protección de derechos, en empleo, en aplicación de la ley. Ese es el reto que nos heredó el siglo y lo asumimos en su entera dimensión.

A ti mexicano privilegiado que tuviste acceso a una educación a la que sólo 10% de la población tiene te invito a que participes, a que te involucres, con lo que sea pero que sea algo. Te invito a que despiertes y te des cuenta que cada acto que en cada momento realices o dejes de realizar, de alguna forma u otra moldea la realidad en la que vives (sea tu colonia, tu escuela, tu lugar de trabajo, tu comunidad) para bien o para mal. Es tu elección. Por el bien de México, ojalá que cada día que te levantes tu decisión sea la correcta. Ojalá decidas abrirle tu mismo la puerta de la transformación a México, empezando por transformarte a ti mismo ¿Y sabes qué? Después de que lo hagas, te darás cuenta que junto contigo hay mucho más de los que te imaginas. Todos ellos, juntos, están poniendo en marcha, la revolución del intelecto para México.

Héctor J. Murguía H.

TELARAÑAS MENTALES

por Guillermo J. García
Reelige o castiga (www.reeligeocatiga.org)

México está lleno de mitos, leyendas y cortinas de humo que no dejan que nos demos la oportunidad de innovar políticamente. Estas telarañas están presentes hasta en las formas con las que conducimos la política. Hace unos días al leer la propuesta presidencial que contiene entre otras cosas, la reelección consecutiva de legisladores y de presidentes municipales, así como las candidaturas independientes, me percaté que la firma del Presidente al final de la iniciativa cerraba con una frase contundente: “sufragio efectivo, no reelección”. No hemos sido capaces de quitarnos el velo de las formas y de la historia oficial. Este es el reto más grande que enfrenta la propuesta de reforma política del Presidente Calderón.
Para discutir cambios sustanciales del sistema hay que partir del principio de quemar mentalmente los libros de historia oficial y mitos que asustan al cambio. Cuando algunos analistas comentan que las candidaturas independientes fomentan el uso de recursos de origen ilícito, la respuesta no debe ser “pues entonces no hay que permitirlas”, puesto que los partidos políticos no están exentos de esta infiltración. Incluso es más fácil fiscalizar el gasto y el ingreso de un candidato independiente, que el de un partido nacional entero. Las puertas por las que el dinero sucio puede entrar son mucho más amplias y extensas en las estructuras partidistas que las de la casa del candidato independiente. El tema es si queremos seguir con un sistema en el cual el Estado otorga la mayoría de los recursos sin exigir nada a cambio más que ampliar masivamente el padrón electoral. Habría que preguntarse si no es mejor hacer una democracia menos cara y más apegada a los ciudadanos. Una democracia en donde la abstención pese y si los partidos no motivan a votar sean castigados en sus prerrogativas económicas. El tema es porqué necesitamos gastar tanto en publicidad política en lugar de generar canales de comunicación con la ciudadanía que no requieren de financiamiento masivo. Las candidaturas independientes son uno de esos canales, satanizarlas por el tema del gasto es no saber descontaminar los conceptos.
Los mismos fantasmas surgen con el tema de la reelección. Los argumentos plagados de sentimientos revolucionarios que aluden a frases sacadas de contexto, como la citada por el Presidente; o los argumentos que evocan a un catastrofismo porfiriano porque “va a ser imposible deshacernos de ellos con la reelección” son argumentos viscerales y sin fundamento. Es precisamente la eternidad de los políticos lo que sucede sin la reelección legislativa. Basta analizar que René Arce ha sido tres veces diputado y una senador; Manlio F. Beltrones ha sido dos veces diputado y dos senador; Navarrete ha sido tres veces diputado y una senador; Alberto Anaya ha sido tres veces diputado y dos senador; Pablo Gómez cuatro veces diputado y una senador, y podríamos seguir para darnos cuenta que la reelección lleva en México más de lo que nos podemos imaginar ¿Quién decidió reelegirlos? ¿Nos preguntaron en algún momento si nos gustó su labor anterior? ¿Rindieron cuentas a su electorado? El tema aquí no es quiénes son los personajes, sino si estamos dispuestos a creernos el mito de que en México no hay reelección y que eso ha ayudado a que no se eternicen en el poder. Los datos hablan por sí mismos. En México sí hay reelección, pero no es un reelección sujeta al escrutinio público y al voto ciudadano. Es una reelección disfrazada en la cual son las cúpulas partidistas las que deciden quien se aferra 15, 18 o 20 años a una curul.
México no necesita más mitos, y tampoco necesita que se den todos los elementos de un sistema democrático pleno para cambiar. Ya no podemos esperar a que llegue el organismo autónomo perfecto; ya no podemos esperar a tener una clase ciudadana completamente educada; ya no podemos esperar a que exista transparencia en todos los niveles de gobierno, ya no podemos esperar a que surjan otros veinte partidos nuevos que “ahora sí” representen a las minorías. Lo que necesitamos es romper paradigmas y generar nuevos incentivos en el juego. Porque las candidaturas ciudadanas y la reelección dependen del voto de confianza del ciudadano, y no del alineamiento partidista. Porque precisamente al depender del voto ciudadano y no del partido, se generan incentivos en ambas partes para transparentar la información y presentar cuentas limpias a los ciudadanos. Es un cambio de incentivos. Es un cambio de actitud. Es romper telarañas mentales que sólo atrasan el cambio en el país.

Departamentales en el ITAM

Departamentales en el ITAM
por Andrés Aguinaco Gómez-Mont

La facultad de derecho del ITAM está tomando la acertada decisión de implementar una política de exámenes departamentales en algunas de sus materias. “La idea es uniformar los conocimientos de los alumnos del ITAM”, comentó un profesor. Ante tan grata noticia, tomo esta oportunidad para hacer mi nominación oficial al panel que decidirá qué preguntar en los exámenes departamentales. Creo sinceramente que soy el mejor candidato para el puesto.

Si vamos a reducir la libertad de cátedra y a hacer exámenes departamentales, me necesitan en el panel de decisión, entre otras razones, porque, a diferencia de la Administración actual del Departamento, yo sí puedo admitir que el ITAM ya carece de libertad de cátedra. Sólo que hasta ahora la culpa no era del ITAM, sino de Porrúa y del Fondo de Cultura Económica. ¿Digo, qué tanta libertad de cátedra puede haber en las escuelas de derecho si todas utilizan los mismos, bien empastados, libros Porrúa? La libertad de cátedra se merma cuando no se tiene más que un par de cosas que decir.

En fin, como miembro del panel de decisión, las preguntas para los exámenes departamentales las voy a elegir basándome en los siguientes criterios fundamentales: cultura pop legal; cosas que harían Denny Crane y Alan Shore; conocimientos básicos para coquetear con el MP, y técnicas para facturar al cliente el tiempo que estoy en Face-Book.

Ya en el poder, no me voy a detener con elaborar los exámenes departamentales; también voy a hacer algunas modificaciones al programa de derecho. Por ejemplo, no me opongo a que sigamos yendo bajo el título de “Facultad de Derecho”, pero sí voy a ampliar el currículo con materias más trendy que obedezcan a las exigencias de la sociedad moderna: Políticas Públicas y Derechos Humanos, fuera; Yoga y Wii Fit, dentro. Vamos a mantener la materia de Fiscal, pues todos queremos aprender a venadear al fisco; en cambio, nos desharemos del curso de Laboral porque, en resumidas cuentas, los trabajadores no tienen derechos. También, los alumnos deberán cuadrarse ante el escudo del ITAM y, finalmente, tomar su café sin leche. Un buen abogado siempre toma su café sin leche (La idea de diluir el café es abominable y anti-itam).

Ya que a todos los alumnos vamos a enseñarles lo mismo, no será necesario contratar para el cuerpo docente a grandes investigadores o litigantes con visiones auténticas del derecho. Mejor vamos a contratar nombres de la farándula jurídica que le den caché a la Institución (aunque admito, ésta no es idea mía, la actual administración ya lo hace). Vamos a ser la envidia de todas las otras escuelas de derecho cuando digamos: “brother, en la cátedra de Constitucional que nos da Juanito aprendimos a negociar cargos públicos”; o bien, “En Contratos, Irma Serrano ya nos enseñó cómo facturar doble salario por concepto de gastos de oficina”. Con estas modificaciones al Programa de Derecho, vamos a engendrar, si bien abogados de molde, cuando menos abogados de buen porte. Nos vamos a encargar de que los egresados del ITAM sean menos emprendedores y entusiastas (fama que caracteriza al ITAM), y más personas en forma y con sedoso sentido de la moda. Así, nunca más nos ruborizaremos cuando entre dientes digamos “soy egresado del ITAM”.

Algunos de ustedes, sin duda, sentirán que el espíritu humanista del ITAM estará siendo traicionado. Nos dirán: “¿qué no en una escuela humanista debemos valorar la tolerancia, la diversidad de ideas y la libertad de cátedra?, ¿qué no es un poquito arrogante imponer a los profesores lo que deben enseñar en su materia?” A ustedes les contesto que no tiene nada de malo ser homogéneos si nos vemos guapos mientras lo hacemos. Además, están equivocados. Ustedes no lo sabían, pero hay un conjunto de conocimientos básicos que generan a los mejores abogados y yo soy el único capaz de discernir cuáles son.

Ahora que lo pienso, mi principal reto va a ser que los estudiantes y profesores acepten que mi visión del nuevo currículo y contenido de mis departamentales es el mejor. Para esto voy a contratar a Herr Goebbels como mi director de propaganda. Bajo su supervisión, dejaremos en claro, de una vez por todas, la evidente superioridad de mis políticas para el Departamento.

Pero, si el ITAM decide tomar la absurda decisión de escoger mejores maestros y permitir que sus profesores decidan libremente qué enseñar, entonces tendré que soportar el lúgubre resultado de no tomar clases con el fantoche del momento o saber precisamente lo mismo que todos los otros egresados de mi escuela. Si esto pasa, para hacerme sentir mejor, voy a utilizar mi tiempo restante en buscar formas menos obvias de controlar el ITAM.

BIENVENIDA

HOLA A TODOS Y GRACIAS POR ENTRAR A NUESTRO BLOG. SOMOS UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE DERECHO QUE BUSCAMOS HABLAR, CRITICAR, PROPONER, Y TODO LO QUE SE PUEDAN IMAGINAR DE DERECHO, POLÍTICA, Y NUESTRA REALIDAD EN GENERAL. OJALA NOS PUEDAN VISITAR MUY SEGUIDO Y APORTAR SUS COMENTARIOS, QUE ESTAMOS SEGUROS, ENRIQUECERÁN LA DISCUSIÓN Y EL DEBATE. NUESTRO OBJETIVO: CREAR CONCIENCIA CRÍTICA EN LA SOCIEDAD.